Existe hoy día un grupo de personas (intento pensar que no demasiado amplio) que observa las bibliotecas con una perspectiva seriamente distorsionada. Por señalar alguna de estas convicciones curiosas recojamos dos: bien piensan que no son más que cementerios que se dedican a coleccionar en sus solitarias estanterías una cantidad ingente de libros o lugares a los que acuden sujetos miopes a vivir las experiencias que son incapaces de disfrutarlas en la realidad. Superando ya esos desfasados y cansinos estereotipos, merece recordar una serie de aspectos que solamente nos aproximan a la genialidad de estos recintos. Uno de ellos es que una biblioteca no solo contiene libros: cobija tanto material sonoro como audiovisual, además de contenidos digitales y un sinfín de joyas importantes para la cultura (que muchas veces son expuestas cual museos se trataran). Todo ese material al alcance de una ciudadanía que tiene derecho a utilizarlo gratuitamente. Otro aspecto que generalmente se nos suele olvidar es que las bibliotecas funcionan también como centros de investigación, bien porque sus técnicos facilitan a los investigadores los medios que están a su alcance para llevar a cabo sus indagaciones, bien porque en algunas (generalmente en las potentes) existen departamentos que analizan y estudian volúmenes antiguos. En definitiva, un servicio público que tiene como fin primordial acercar la cultura a los interesados sin exigir nada a cambio: en última instancia, seguir pagando impuestos públicos (aunque fijaos qué benevolentes son las bibliotecas que hasta a los evasores les posibilitan sus servicios…).

Expuestas ya las virtudes de las bibliotecas, aquí va el golpe de gracia que podría acabar con esta bonita estampa: además de la crisis económica que las ha afectado a través de los recortes de sus partidas presupuestarias, el actual gobierno ha decidido por real decreto promulgar una ley que obligará a estos espacios (salvo aquellas bibliotecas pertenecientes a centros educativos -colegios, universidades…- sean públicas o privadas) a pagar un canon (una cuota) por cada préstamo bibliotecario que se efectúe, una práctica activa desde el 2 de agosto de 2014, y aplicable a todos los artículos que hemos comentado que ofrece una biblioteca.

BOE: canon

Fuente: Universidad de Salamanca

¿Cuál es la justificación de la nueva ley?

El gobierno español considera que los servicios bibliotecarios públicos restan ingresos a los autores de las obras. Sabemos que cuando compramos un artículo que presente propiedad intelectual (sea un libro, un CD, un software…) parte de la cantidad del precio final se destina a sus creadores. Esto tiene su lógica pues si no fuera de este modo sus fundadores no recibirían la remuneración correspondiente al trabajo exigido a dicha creación. Nuestro gobierno piensa que aquellos productos ofrecidos en una biblioteca no cumplen con esa remuneración, pues al estar accesibles a todo el público, no contribuyen al flujo de ingresos a sus autores.

¿Qué consecuencias acarrea?

La consecuencia más directa supone que las bibliotecas públicas tendrán que ajustar aún más su ya maltrecha cartera porque será de sus partidas presupuestarias de donde saldrá directamente el dinero que deberán retribuir por el canon. Esto provoca que los presupuestos destinados a la adquisición de libros (por señalar una de las tareas más relevantes) rebaja considerablemente. No obstante, para ciertas bibliotecas la situación es aún peor: aquellos espacios bibliotecarios públicos más humildes, a saber, los que se dedican a dar servicio cultural a minúsculos municipios de 500 habitantes o menos, no podrán soportar esta medida. Si antes ya sufrían una situación precaria, esta podría ser la letra que daría fin al libro.

¿Se trata de un sistema justo?

Negativo. Por un lado, porque no tiene sentido que las bibliotecas públicas paguen por cumplir un servicio que le es propio. Por otro, porque la manera de recaudar el dinero roza la fraudulencia. Nuestro sentido común, y en función de lo expuesto en párrafos superiores, nos indica que el dinero pagado en concepto del canon iría destinado directamente a los autores de las obras ofertadas, pero aunque resulte increíble, no es así. Ese dinero se lo agencian ciertas sociedades de gestión que serán las grandes beneficiarias de todo el proceso.

Para luchar contra esta medida se han activado plataformas como “No al préstamo de pago en bibliotecas“, blog que PEPUCOMAG recomienda fervientemente visitar para poseer información más exacta en relación al canon y a las formas existentes de combatirlo.

Scaled Image

Fuente: www.noalprestamodepago.org

Fuente: www. noalprestamodepago.org

Fuente: www.noalprestamodepago.org

 

Para terminar, cito la brillante conclusión que el prof. perteneciente al Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Salamanca José A. Merlo Vega alcanza en su manifiesto:

La triste situación a la que se ha llegado en España se resume en que los gobernantes opinan que las bibliotecas restan ingresos a los autores. La realidad es la inversa, por lo que se debe sustituir la normativa aprobada por un sistema que beneficie conjuntamente a los autores y a las bibliotecas que difunden sus obras. Me gustaría que estos argumentos fueran tenidos en cuenta por los representantes políticos, para que trabajaran en una norma justa, ya que, en mi opinión el real decreto aprobado ahora es injusto, inadecuado, ilícito, arbitrario, antisocial, erróneo, absurdo, desproporcionado, insidioso y pernicioso.

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